EL AGUA EN YUCATÁN, ¿DERECHO O NEGOCIO?
Kanasín, Yucatán, México a 15/10/2026.
En estos días ha circulado información y videos donde empresas israelíes de válvulas y tratamiento de agua buscan contratos en Yucatán. Esto pasa justo después de cambios importantes que debemos conocer.
“Lo del agua al agua dice un viejo refrán”
1. LA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS (Diciembre 2025)
Es la ley que regula quién puede usar el agua en México.
Lo esencial:
– El agua sigue siendo de la Nación, no es propiedad privada. Lo que se entrega son concesiones.
– Se prohibió vender o rentar los derechos de agua entre particulares.
– El problema que señalan colectivos como Agua para Todos: la ley NO prohibió privatizar las obras y los servicios (tuberías, plantas, sistemas de bombeo). Dejó abierta la puerta para que un privado opere el sistema, aunque el agua sea de todos.
– No incluyó la protección de consejos de cuenca con pueblos mayas ni castiga la contaminación como delito.
Por eso muchos le llaman una ley “amañada”: reconoce el derecho pero deja huecos para el negocio.
2. EL PRÉSTAMO PARA EL AGUA SOLICITADO POR EL GOBERNADOR JOAQUÍN DÍAZ MENA
El Gobernador Joaquín Díaz Mena solicitó un crédito para resolver la crisis de agua en la zona metropolitana.
– Monto solicitado: 1,500 millones de pesos para la JAPAY.
– Monto aprobado por el Congreso: 1,562 millones dentro de un Plan Metropolitano de 4,490 millones a 3 años.
– Primer desembolso que se comenta para equipos y pozos: cerca de 450 millones.
– Objetivo: reparar Mérida I y II, cambiar tuberías de más de 50 años y recuperar 400 litros por segundo para 123 colonias con baja presión.
La pregunta clave: ¿Quién va a operar esas obras nuevas? ¿La JAPAY directo o un fideicomiso con empresas privadas?
3. LAS EMPRESAS EXTRANJERAS Y EL TEMA BLACKROCK
Detrás de las empresas de tecnología de agua (bombas, válvulas) hay fondos de inversión internacionales muy grandes como BlackRock, que son accionistas de esas compañías en la bolsa mundial. No son dueños directos de la JAPAY, pero sí ganan si se compran sus equipos y sistemas con deuda pública. Por eso se pide transparencia en los contratos.
4. ANTECEDENTES QUE NOS HACEN DESCONFIAR: IVEY Y VA Y VEN
No es la primera vez que se usa este modelo en Yucatán:
– IVEY y Patrimonio Kanasín: Organismo público con patrimonio propio que terminó vendiendo tierras a través de fideicomisos y desarrolladoras. La operación se volvió poco transparente.
– SOFIMEX: Empresa privada que administraba cartera de vivienda del Estado.
– Va y Ven: La Agencia de Transporte es pública, pero las rutas las operan concesionarios privados, y el dinero se maneja en un fideicomiso. El Gobierno pidió préstamo para los camiones, pero la ganancia por kilómetro es privada.
El temor es que con el agua pase lo mismo: JAPAY pública en el papel, pero operación privada a través de fideicomiso por 20 o 30 años.
5. EL ARTÍCULO 4to CONSTITUCIONAL
La Constitución dice claro: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”
Es decir, el agua es un DERECHO HUMANO, no una mercancía.
Por lo tanto, cualquier préstamo, contrato o empresa que entre a operar el agua en nuestra zona debe garantizar ese derecho por encima de la ganancia.
6. TRATADOS INTERNACIONALES Y ACUERDO DE ESCAZÚ – LO QUE NOS PROTEGE
Esto es lo que el Gobierno está obligado a cumplir, le guste o no:
a) ONU – Derecho Humano al Agua (2010): La Asamblea General de la ONU reconoció que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos esenciales. México votó a favor. Esto significa que el Estado no puede retroceder en su garantía.
b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: México firmó que debe usar todos sus recursos para garantizar progresivamente el agua, sin discriminación y sin ponerla al alcance solo de quien pueda pagarla.
c) ACUERDO DE ESCAZÚ (vigente en México desde 2021): Este es el más importante para nosotros en Yucatán.
Escazú obliga a los gobiernos a 3 cosas en temas ambientales y de agua:
1. Derecho a la INFORMACIÓN: Tenemos derecho a saber qué empresas, qué contratos, qué estudios de impacto ambiental hay sobre nuestro acuífero. El Gobierno no puede decir que es confidencial. Si van a traer empresas extranjeras a manejar el agua, deben publicar el contrato.
2. Derecho a la PARTICIPACIÓN: Antes de aprobar un préstamo de 1,500 millones y cambiar tuberías que afectan a 1.5 millones de personas, deben consultarnos. No solo a los empresarios, también a comunidades mayas, y ejidos. La ley nueva de aguas no respetó esto y por eso la tachan de amañada.
3. Derecho a la JUSTICIA y a proteger a defensores: Si una comunidad defiende su cenote o su pozo y es amenazada, el Estado debe protegerla. Y cualquier ciudadano puede ir a un juez si se viola el derecho al agua.
En pocas palabras: Escazú dice que no pueden decidir sobre el agua a puerta cerrada entre CONAGUA, BlackRock, el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, y 6 empresas. Tienen que abrir la información y preguntarle al pueblo maya.
¿Qué exigir con base en el acuerdo de Escazú y el Artículo 4to constitucional?
1. Publicación de todos los contratos y del fideicomiso del agua metropolitana.
2. Consulta pública real a las comunidades mayas y toda la población del estado, no solo en Mérida.
3. Estudio público de cuánto afectará al acuífero kárstico yucateco extraer 400 litros más por segundo.
4. Que se garantice por escrito que no habrá cortes ni aumento desmedido de tarifa por pagar el préstamo.
¿Qué pedir como ciudadanos?
1. Que se publique qué empresas van a contratar y bajo qué tipo de contrato.
2. Que no se cree un organismo o fideicomiso paralelo sin consulta.
3. Que se garantice que el agua de las comunidades mayas y comisarías no se sacrifique para fraccionamientos privados.
Cabe señalar que si estos contratos o acuerdos con empresas extranjeras para manejar un asunto tan delicado que abarca temas de derechos humanos, patrimonio y soberanía en sus distintos ámbitos provienen de gobiernos pasados, ¿entonces qué espera el humanista gobierno del renacimiento maya que representa Joaquín Díaz Mena para revertirlos y aplicar las leyes y tratados en favor de los yucatecos?
¡Más claro ni el agua!
