El Ayuntamiento de Cecilia Patrón deja una puerta grande a la corrupción por la falta de transparencia en las licitación y contratos para la adquisición de chips en el Nuevo Reglamento de Protección Animal.
La falta de transparencia del Ayuntamiento de Mérida y la complicidad de los regidores* de todos los partidos políticos en el Nuevo *Reglamento de Bienestar Animal dejan la puerta abierta a posibles actos de corrupción en las licitación y contratos de los chips que nadie puede encontrar.
Mérida, Yucatán a 07/11/2026.- El Ayuntamiento de Mérida aprobó por unanimidad, el 30 de octubre de 2026, el nuevo Reglamento para la Protección y Bienestar de la Fauna, que obliga a los ciudadanos a ponerle un microchip a sus perros y gatos y a registrarlos con una Clave Única de Identidad Animal.
Una semana después, ese Reglamento sigue sin aparecer.
No está en la Gaceta Municipal No. 2,906 del 27 de octubre. No está en la 2,907 del 28 de octubre. No está en la 2,908 del 30 de octubre, el mismo día de la aprobación. Y no está en la 2,912 del 6 de noviembre.
Cuatro gacetas revisadas página por página. Cero menciones a chip. Cero menciones a microchip. Cero contratos. Cero proveedores. Cero montos. Cero cantidades.
¿En dónde está el Reglamento que ya aprobaron? ¿En dónde están los contratos para comprar los chips?
Esa es la pregunta que el Ayuntamiento de Cecilia Patrón Laviada no quiere contestar.
Opacidad como método
Lo que sí publican en Gaceta es revelador: en la 2,912 publican con detalle la compra de luminarios LED y hasta la compra de motos, bicicletas y regalos para empleados. En la 2,907 publican la baja de 1,235 bienes muebles para Servi-Limpia y la donación de 100 sillas de ruedas.
Para eso sí hay páginas, hay números, hay empresas.
Para el microchip obligatorio que le van a imponer a miles de familias meridanas, no hay nada. Ni el texto completo del Reglamento, ni el costo por chip, ni quién los va a vender, ni quién los va a implantar, ni cuánto va a cobrar el Ayuntamiento por el registro.
Eso no es un descuido administrativo. Eso es opacidad deliberada.
Un gobierno que presume transparencia no puede aprobar un reglamento que crea una obligación y un posible negocio, y luego esconder el documento donde viene la letra chiquita.
La complicidad de los regidores
Y aquí viene lo más grave: el Reglamento fue aprobado por unanimidad.
Todos los regidores. De todos los partidos. Sin un solo voto en contra. Sin una sola abstención. Sin una sola reserva.
Los del PAN, los de Morena, los del PRI, los de MC, todos levantaron la mano para aprobar un reglamento que nadie ha visto publicado, que nadie sabe cuánto va a costar, y que nadie sabe quién va a cobrar.
¿Ningún regidor pidió ver los contratos? ¿Ningún regidor preguntó cuánto cuesta el chip? ¿Ningún regidor preguntó qué pasa si una familia pobre no puede pagarlo? ¿Ningún regidor pidió que primero se publicara el Reglamento y luego se votara?
No. Todos aplaudieron. Todos posaron para la foto con la alcaldesa.
Esa unanimidad no es consenso, es complicidad partidista. Es el Cabildo convertido en oficialía de partes, donde los regidores no representan a los ciudadanos, representan a sus partidos y a sus acuerdos en lo oscurito.
Cuando se trata de defender al ciudadano frente a un cobro nuevo, no hay oposición. Cuando se trata de aprobar un negocio, todos son del mismo partido: el partido del Ayuntamiento.
Lo que deben responder
Antes de que un solo inspector salga a multar a una familia por no tener chip, el Ayuntamiento de Mérida y sus regidores están obligados a responder públicamente:
¿Dónde está publicado el texto completo del Reglamento aprobado el 30 de octubre?
¿Cuánto cuesta cada microchip y quién lo va a pagar, el ciudadano o el Ayuntamiento?
¿Ya hay contrato, licitación o adjudicación directa para comprar los chips? ¿Con qué empresa y por cuánto?
¿Cuánto va a cobrar el Ayuntamiento por la Clave Única de Identidad Animal?
¿Qué pasa con las familias que no puedan pagar? ¿Las van a multar de 10 a 500 UMA, como dice el boletín, o las van a arrestar hasta 36 horas?
Mientras no respondan, la conclusión es inevitable: en Mérida aprobaron un reglamento a ciegas, lo escondieron en Gaceta, y lo hicieron con la complicidad de todos los regidores.
Eso no es bienestar animal. Eso es falta de transparencia ¿0 desvío de recursos públicos y abuso de poder?
¿Empresas de quién o de quienes serán las que se adjudiquen esos contratos? ¿De Cecilia Patrón Laviada, presta nombres y allegados? ¿De Raúl Escalante Aguilar? ¿De los regidores?
Por: Redacción/La Noticia Ciudadana
