SIN TENER FACULTADES LA POLICÍA DE MÉRIDA MULTARÁ POR TIRAR BASURA: ES UN TEMA FEDERAL, DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, NO DE POLICÍA
Mérida, Yucatán, 13 de noviembre de 2026.- Con una reforma de solo dos artículos, el Ayuntamiento de Mérida le dio a la Policía Municipal una facultad que la ley no le da: sancionar por tirar basura.
La reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno fue aprobada en Cabildo el pasado 30 de octubre de 2026, publicada en la Gaceta Municipal No. 2,913 del 9 de noviembre y entró en vigor el 10 de noviembre de 2026.
Se reformaron solo el Artículo 18, Fracción VII y el Artículo 28, Fracciones I, II y III.
Antes, tirar basura ya estaba prohibido en ese reglamento, pero no tenía sanción en el Reglamento de Policía. Ahora sí la tiene: amonestación, multa de 10 a 500 UMA, es decir, de 1,173.10 pesos a 58,655 pesos, y arresto hasta por 36 horas, conmutable por esa misma multa.
El problema no es que se quiera una Mérida limpia. El problema es que se metió un tema de desarrollo urbano y ambiental en el reglamento equivocado, con la autoridad equivocada.
1. NO SON FACULTADES DE LA POLICÍA
Tirar basura no es un problema de seguridad pública. Es un problema de desarrollo urbano, de servicios públicos y de medio ambiente.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán son claras: la Policía está para prevenir delitos, preservar el orden y la paz pública, y poner a disposición a quien cometa una falta de orden público.
En ningún artículo de esas leyes se le da a la Policía la facultad de calificar si un predio está sucio, si se violó el Reglamento de Residuos Sólidos o si se violó el Reglamento de Limpieza y Conservación de Inmuebles.
Esa facultad no es de la Policía.
2. ES FACULTAD DE DESARROLLO URBANO SEGÚN LA LEY
Según la ley, quien sí tiene esa responsabilidad es Desarrollo Urbano:
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: Corresponde a los municipios regular, controlar y vigilar el uso del suelo, la imagen urbana, la vía pública y la conservación de los inmuebles.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán: Corresponde a los Ayuntamientos, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, vigilar el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano, realizar inspecciones, levantar actas de verificación y sancionar las infracciones en materia de uso de suelo, imagen urbana, limpieza y conservación de inmuebles.
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán: El Ayuntamiento ejerce sus facultades a través de sus dependencias, cada una en su materia. Desarrollo Urbano en desarrollo urbano, Servicios Públicos en servicios públicos, Medio Ambiente en medio ambiente y Seguridad Pública en seguridad pública. No se pueden mezclar las materias por conveniencia.
Reglamento de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de Bienes Inmuebles: En estos tres reglamentos, la autoridad competente es la Dirección de Desarrollo Urbano para inspeccionar y dictaminar, la Dirección de Servicios Públicos para limpia y recolección, y la Dirección de Medio Ambiente para contaminación. En ninguno de esos reglamentos la autoridad competente es la Policía Municipal o el Juez Calificador de Policía.
3. POR QUÉ ES ILEGAL QUE LA POLICÍA LO HAGA
Constitución, Artículo 16: Ninguna autoridad puede molestar a una persona si no tiene competencia legal para hacerlo. Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en una ley que le dé esa facultad. La Policía no tiene en ninguna ley la facultad de sancionar en materia de desarrollo urbano. Si lo hace, el acto nace sin fundamento y es nulo.
Constitución, Artículo 21: Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. Este artículo habla de infracciones de policía, es decir, de orden público. No habla de infracciones de desarrollo urbano. Tirar basura no es alterar el orden público, es incumplir una norma urbana y ambiental.
Constitución, Artículo 115, Fracción II: Los Ayuntamientos pueden aprobar reglamentos, pero siempre dentro de las materias de su competencia y sin contravenir las leyes federales y estatales. Un reglamento municipal no puede ampliar las facultades de la Policía por encima de lo que dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. LA POLICÍA NO PUEDE MULTAR: SU OBLIGACIÓN ES PRESENTAR
Según la Ley de Seguridad Pública, la Policía no multa. La Policía presenta.
La Policía Municipal tiene como funciones prevenir delitos y faltas de orden público, preservar la paz social, detener en flagrancia y poner a disposición de la autoridad competente a la persona presuntamente infractora.
Si hay flagrancia, el procedimiento correcto es solo este:
1. Si ve a la persona tirando basura en ese instante, puede intervenir para que cese la conducta.
2. Debe presentar al presunto ante el juez competente, con un informe de lo que vio, con hora, lugar y circunstancias. No puede retenerlo para cobrarle, no puede llevarlo a la comandancia para negociar la multa, no puede quitarle dinero en la calle.
3. No puede calificar la infracción. No puede decir: esto es una multa de 10, de 100 o de 500 UMA. Eso le toca a la autoridad que califica, no a quien detiene.
4. No puede cobrar. El pago de una multa solo se puede hacer en Tesorería Municipal, con recibo oficial, después de una resolución fundada y motivada. Nunca en la calle, nunca al policía.
Y en el caso de tirar basura, ni siquiera el Juez Calificador de Policía es el competente. El Juez Calificador es competente para faltas de orden público: escándalo, riña, alterar la paz. No es competente para decir si se violó el Reglamento de Residuos o si un predio está sucio. El competente es Desarrollo Urbano, con inspector, acta de verificación, dictamen técnico y derecho de audiencia.
5. EL TEMA DE LA BASURA ES UN PROBLEMA FEDERAL POR EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN
Tirar basura no es solo municipal. Es federal.
Constitución, Artículo 4: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Tirar basura es contaminar el medio ambiente y afectar la salud. Y eso, según el Artículo 4, es un derecho humano que el Estado está obligado a garantizar.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: Corresponde a la Federación, a los estados y a los municipios, en concurrencia, la protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico, y la prevención y control de la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: La gestión integral de residuos es de orden público e interés social. Corresponde a los municipios la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, a través de sus áreas de servicios públicos y medio ambiente.
En ninguna parte de esa cadena federal aparece la Policía Municipal. La cadena legal es: Constitución Artículo 4, Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley General de Residuos, Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Reglamento Municipal de Residuos y Reglamento de Limpieza, Dirección de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y Medio Ambiente.
6. SE PUEDE ESTAR USANDO DE FORMA NEGATIVA LA POLÍTICA MUNICIPAL
El riesgo no es teórico. Es práctico y es inmediato.
Se puede usar como medida recaudatoria. La reforma pone un rango de 10 a 500 UMA sin criterios claros para graduar. No dice cuándo se aplica el mínimo y cuándo el máximo. Queda a criterio del Juez Calificador. Una multa de 58,655 pesos por tirar basura, sin motivar por qué el máximo, es una multa excesiva y desproporcional.
Se puede usar para presionar en la calle. El policía ya no solo previene y da aviso a Servicios Públicos. Ahora puede detener, poner a disposición y provocar una sanción económica o un arresto. Eso cambia la relación entre policía y ciudadano. Ya no es prevención, es cobro.
Se puede usar de forma discrecional. Sin inspección técnica, sin dictamen de Desarrollo Urbano, sin acta de verificación de la autoridad competente, la sanción se basa en lo que vio el policía en el momento. Eso abre la puerta a la discrecionalidad y al abuso: a unos se les amonesta y a otros se les cobra el máximo por lo mismo.
Se puede sancionar dos veces por lo mismo. La misma conducta ya está sancionada en el Reglamento de Limpieza y en el Reglamento de Residuos, por Desarrollo Urbano. Ahora también la puede sancionar Policía. Dos autoridades, dos multas, por un solo hecho.
Se puede criminalizar un problema ambiental. En lugar de resolver la basura con recolección, con programas de residuos y con educación ambiental como lo manda el Artículo 4, se resuelve con policía y multa en la calle.
CONCLUSIÓN
Tirar basura sí se debe sancionar. Nadie está en contra de una Mérida limpia.
Pero según la ley:
1. Por el Artículo 4 de la Constitución, tirar basura es un problema ambiental federal, de salud y de medio ambiente sano, no una falta de policía.
2. Por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley General de Residuos, la competencia es de las autoridades ambientales, de Desarrollo Urbano y de Servicios Públicos, no de la Policía.
3. Por la Ley de Seguridad Pública, la Policía no multa. Su obligación, si hay flagrancia, es presentar al presunto ante el juez competente.
4. Por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, el juez competente para basura es Desarrollo Urbano, no el Juez Calificador de Policía.
5. Por el Artículo 16 Constitucional, una sanción impuesta por una autoridad incompetente nace viciada y es nula.
Si el Ayuntamiento quería sancionar tirar basura, debió hacerlo a través de Desarrollo Urbano, con inspectores, con actas y con dictámenes técnicos. No meter un tema federal ambiental en el Reglamento de Policía para que la Policía lo cobre.
¿QUÉ PUEDE HACER EL CIUDADANO?
Si a un ciudadano le imponen una multa de Policía por tirar basura, tiene derecho a impugnarla: Recurso de Reconsideración en 10 días hábiles, Recurso de Revisión en 15 días hábiles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, y Amparo Indirecto. El argumento central es la incompetencia de la autoridad: la Policía no tiene facultad en materia de desarrollo urbano, ambiental y de residuos.
Si existe una dependencia municipal de Medio Ambiente que está obligada a respetar las leyes estatales, federales e internacionales, ¿por qué usar a la fuerza de Policía, violando la ley, para que haga funciones que no son de su competencia?
7. LA AUTORIDAD MUNICIPAL ESTÁ OBLIGADA A RESPETAR LA LEY AMBIENTAL ESTATAL, FEDERAL E INTERNACIONAL
La Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, a cargo del Biól. Raúl Fernando Escalante Aguilar, no puede actuar por encima de la ley. Está obligada a respetar:
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán: Es la ley estatal que regula la protección al ambiente, la prevención y control de la contaminación, y la gestión de residuos en Yucatán. Le da a la autoridad ambiental estatal y municipal la obligación de prevenir, inspeccionar y sancionar con procedimientos técnicos, no con policía.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: Son las leyes federales que obligan al municipio a gestionar la basura con programas, con educación ambiental, con inspección y con transparencia. En ninguna de esas leyes federales se autoriza a la Policía a sancionar basura.
Acuerdo de Escazú: México firmó y ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021 y con rango de tratado internacional.
El Acuerdo de Escazú obliga a la autoridad a tres cosas que la reforma de Policía viola:
1. Acceso a la información ambiental. La autoridad debe informar al ciudadano, de forma clara y oportuna, qué norma violó, con qué estudio, con qué acta y con qué fundamento. Una multa de Policía en la calle, sin acta de Desarrollo Urbano, sin dictamen ambiental y sin expediente, viola el acceso a la información.
2. Participación pública. El ciudadano tiene derecho a participar en las decisiones ambientales, a opinar, a ser escuchado antes de que se le sancione. La reforma de Policía no prevé participación, prevé detención y multa.
3. Acceso a la justicia ambiental. El ciudadano tiene derecho a impugnar una sanción ambiental ante una autoridad competente, con procedimiento y con defensa. Si lo sanciona la Policía, sin procedimiento ambiental, se le quita ese acceso a la justicia ambiental.
Además, el Acuerdo de Escazú obliga al Estado a proteger a las personas defensoras del medio ambiente y a garantizar que ninguna autoridad use la fuerza para resolver un problema ambiental.
Y eso es justamente lo que hace la reforma: usa la fuerza de la Policía para resolver un problema ambiental.
OTROS COMPROMISOS INTERNACIONALES QUE TAMBIÉN OBLIGAN:
Declaración de Río, Principio 10: Los asuntos ambientales deben resolverse con participación de los ciudadanos, con acceso a la información y con acceso a la justicia.
Agenda 2030, Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Ninguna institución puede usar la fuerza fuera de su competencia.
Acuerdo de París: México se comprometió a reducir la contaminación y a fortalecer la gestión ambiental, no a criminalizar al ciudadano con policía.
Es decir, Don Félix, la autoridad municipal no está sola. Está obligada por Yucatán, por México y por los tratados internacionales a resolver la basura con transparencia, con información, con participación y con justicia ambiental.
ENTONCES, ¿POR QUÉ USAR A LA POLICÍA?
Si existe Medio Ambiente, si existe Desarrollo Urbano, si existe Servicios Públicos, si existe la Ley Estatal, la Ley Federal y el Acuerdo de Escazú que obligan a la autoridad a ser transparente, ¿por qué usar a la fuerza de Policía, violando la ley, para que haga funciones que no son de su competencia?
Porque es más fácil multar en la calle con Policía que hacer el trabajo técnico, transparente y ambiental que manda la ley.
Porque con Policía no hay acta, no hay dictamen, no hay expediente, no hay participación. Solo hay multa y arresto.Y eso es exactamente lo que prohíbe el Acuerdo de Escazú: resolver un tema ambiental con opacidad y con fuerza, en lugar de resolverlo con información, participación y justicia.
Por: Redacción/La Noticia Ciudadana
