DE LOS CRÍMENES DE FRAY DIEGO DE LANDA A LA IGNORANCIA HISTÓRICA DEL GOBIERNO DE JOAQUÍN DÍAZ MENA  (segunda parte)

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DE LOS CRÍMENES DE FRAY DIEGO DE LANDA A LA IGNORANCIA HISTÓRICA DEL GOBIERNO DE JOAQUÍN DÍAZ MENA

(segunda parte)

Ni el párroco Jorge Óscar Herrera Vargas ni el gobernador Joaquín Díaz Mena tienen jurisdicción en Maní: ambos violan la ley al blanquear a Landa

 

El Convento de San Miguel Arcángel es monumento federal bajo resguardo del INAH. El cobro de 65 pesos por el Museo Fray Diego de Landa Calderón viola la Constitución, la Ley de Monumentos, la Ley de Asociaciones Religiosas y los tratados internacionales que protegen a los pueblos mayas

 

MANÍ, YUCATÁN.18/11/2026-. Lo que está pasando en Maní no es un malentendido. Es un acto ilegal, consentido por dos autoridades el presidente municipal de Maní Freddy Everisto Interian Bojórquez y el Gobernador Joaquín Díaz Mena que no tienen jurisdicción ni competencia sobre el edificio donde ocurre.

 

El párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel Jorge Óscar Herrera Vargas quiere cobrar la entrada al museo que lleva el nombre de Fray Diego de Landa Calderón, instalado dentro del mismo convento donde en 1562 Landa ordenó quemar los códices, los ídolos y la memoria maya.

 

Y el gobernador Joaquín Díaz Mena, con su programa Renacimiento Maya, lo sabe, lo promociona y lo permite.

 

Ninguno de los dos puede hacerlo. Y al hacerlo, ambos violan la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales firmados por México.

 

EL EDIFICIO NO ES DEL PÁRROCO NI DEL GOBERNADOR

 

El ex convento de San Miguel Arcángel de Maní se empezó a construir en 1549. Tiene 20,500 metros cuadrados, templo, claustro-fortaleza, capilla abierta, huerto y un atrio de más de 7,000 metros cuadrados. Fue el tercer convento de la Península y el primero en un pueblo de indígenas mayas.

 

Es un monumento histórico protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972.

 

Que significa, en derecho:

 

El inmueble es propiedad de la Nación, no de la Iglesia ni del Gobierno del Estado.

La única autoridad competente para autorizar su uso, su restauración y su museografía es el INAH.

Ni el párroco ni el gobernador pueden autorizar un museo, ni poner una taquilla, ni fijar un precio, ni cambiar el uso de un espacio.

 

El párroco solo es responsable del uso religioso del templo. No es dueño. No es administrador del patrimonio.

 

El gobernador solo es autoridad estatal. No tiene competencia federal. Por Artículo 124 de la Constitución, lo que no está expresamente concedido a los Estados, es de la Federación. Y los monumentos históricos son de la Federación.

 

Ambos actúan sin jurisdicción y sin competencia.

 

EL COBRO DE 65 PESOS VIOLA 5 LEYES FEDERALES

 

a) Ley Federal sobre Monumentos

Solo el INAH puede autorizar el uso del monumento. Cobrar entrada sin su autorización y sin convenio es uso ilegal de un bien de la Nación.

 

b) Ley Federal de Derechos

En México, solo el Congreso de la Unión fija las cuotas de acceso a museos y zonas del INAH. Ese dinero es un derecho federal y debe entrar a la Tesorería de la Federación.

 

El párroco Jorge Óscar Herrera Vargasco quiere cobrar 65 pesos, sábados y domingos, sin boleto del INAH, sin fundamento en la Ley Federal de Derechos. Y lo pretende cobrar en domingo, cuando en los sitios del INAH las entrada son gratuita para mexicanos.

 

Eso es un cobro ilegal de un derecho que no le corresponde.

 

c) Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Artículo 8, fracción II: Las asociaciones religiosas deberán abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos.

 

Artículo 20: Están obligadas a preservar en su integridad los bienes que sean monumentos propiedad de la Nación.

 

Artículo 29, fracción XI: Es infracción realizar actos que atenten contra la integridad y preservación del patrimonio cultural.

 

Cobrar por un museo dentro de un convento para “sostenerse” es convertir un bien de la Nación en negocio parroquial. Está prohibido.

 

d) Constitución, Art. 27 y Art. 130

Artículo 27: Los templos y bienes de las asociaciones religiosas son propiedad de la Nación.

Artículo 130: El Estado mexicano es laico. La Iglesia no puede cobrar por un bien público como si fuera suyo.

 

Y el Artículo 2, inciso d) de la Ley de Asociaciones Religiosas dice que nadie puede ser obligado a contribuir con dinero al sostenimiento de una asociación religiosa. Si para ver tu patrimonio te obligan a pagarle al párroco, te están obligando a sostener a la Iglesia.

 

e) Ley General de Bienes Nacionales y Ley de Responsabilidades Administrativas

Los bienes de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. No se pueden explotar comercialmente sin concesión de la Federación.

 

El servidor público que tolera, promociona o encubre un acto ilegal, incurre en abuso de funciones, encubrimiento y falta grave. La omisión también es violación.

 

El gobernador no necesita cobrar el boleto para ser responsable. Le basta con saberlo y callarse, o peor, con legitimarlo con Renacimiento Maya.

 

TAMBIÉN VIOLAN LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA INDÍGENA

 

Artículo 1º de la Constitución: Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, cultura y religión.

 

Artículo 2º de la Constitución: La Nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Se reconoce su derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. El Estado debe garantizar su derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización.

 

Ponerle el nombre de Fray Diego de Landa Calderón al museo que está en el mismo lugar donde ordenó el Auto de Fe, y presentar a Landa como un héroe cultural, viola el Artículo 2º porque:

 

Impone una versión oficial que blanquea al victimario

Margina la versión maya de Maní, que recuerda la quema como un etnocidio

Niega el derecho del pueblo maya a contar su propia historia en su propio territorio

 

Maní en maya significa “Lugar donde todo pasó”. Para el pueblo maya, ahí pasó la destrucción. Para el nuevo discurso del párroco y de Renacimiento Maya, ahí pasó el “encuentro” y la “evangelización”.

 

Eso no es renacimiento. Eso es borrado.

 

VIOLAN LOS TRATADOS Y PACTOS INTERNACIONALES

 

México no solo violó su ley interna. Violó lo que firmó ante el mundo.

 

a) Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por México en 1990

Artículo 5: Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas.

Artículo 7: Los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual.

 

El pueblo maya de Maní no fue consultado para ponerle el nombre de Landa al museo ni para cobrar por entrar. Se le impuso un discurso desde la parroquia y desde el gobierno estatal.

 

b) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007

Artículo 11: Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Esto incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos.

Artículo 12: Tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas.

Artículo 15: Tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública.

 

Un museo que honra a quien quemó los códices, dentro del convento donde los quemó, sin la voz maya, viola los Artículos 11, 12 y 15.

 

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 15: Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. El Estado debe adoptar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura.

 

Cobrar 65 pesos para participar en la vida cultural de tu propio pueblo, en tu propio convento, es restringir ese derecho.

 

d) Convención de la UNESCO de 1972 sobre Patrimonio Mundial

México se obligó a proteger, conservar y transmitir el patrimonio cultural a las generaciones futuras. No a entregarlo a una parroquia para que lo cobre.

 

e) Convención de la UNESCO de 2003 sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y de 2005 sobre Diversidad Cultural

México se obligó a salvaguardar el patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas y a promover la diversidad de expresiones culturales, no una sola versión oficial y colonial.

 

EL BLANQUEAMIENTO DE LANDA: EL DISCURSO QUE BORRA Y ASESINA LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO INDÍGENA.

 

El nuevo discurso dice: “No lo estamos defendiendo, no lo estamos acusando, simplemente estamos mostrando”.

 

Eso es falso. No es neutral.

 

Cuando pones el nombre de Fray Diego de Landa Calderón en la puerta del museo, en el convento donde ordenó el Auto de Fe del 12 de julio de 1562, donde según Justo Sierra O’Reilly destruyó 5 mil ídolos, 27 pergaminos de piel de venado, 197 vasijas e incineró códices mayas, estás reivindicando al inquisidor.

 

Estás diciendo que el que quemó la memoria maya merece un museo. Y que el maya que la perdió, debe pagar 65 pesos para entrar a ver cómo la quemaron y destruyeron los saberes de un pueblo milenario bajo la imposición con espada y la biblia católica.

 

Ese discurso lo comparten hoy:

 

El frayle original, Diego de Landa, que destruyó y luego escribió la Relación de las cosas de Yucatán para justificarse.

El párroco actual Jorge Óscar Herrera Vargas, que quiere cobrar por mostrar esa historia desde la versión de la Iglesia.

El gobierno de Renacimiento Maya Joaquín Díaz Mena, que usa la cultura maya como marca turística, pero honra a quien la intentó borrar.

 

Los tres marginan al pueblo maya. Los tres pretenden borrar su historia, su identidad y su cultura, sustituyéndola por una historia contada por el vencedor.

 

Ni el párroco ni el gobernador tienen jurisdicción en el Convento de Maní.

 

El convento es de la Nación. Su custodia es federal. Su cobro es ilegal. Su discurso es colonial.

 

Si el Estado mexicano quiere un verdadero Renacimiento Maya, debe empezar por respetar la Constitución, los tratados internacionales y al pueblo maya de Maní:

 

Que el INAH recupere la tutela del inmueble.

Que se suspenda el cobro ilegal de 65 pesos.

Que el museo se reconfigure con la participación y la voz del pueblo maya, no con el nombre del inquisidor.

Que se investigue la omisión del Gobierno del Estado.

 

Maní no es negocio del cura ni propaganda del gobernador. Maní es patrimonio de la Nación y memoria viva del pueblo maya.

 

Y la memoria maya no se vende en taquilla y menos con eslogan y colores partidistas

 

POR: Redacción/La Noticia Ciudadana

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