¿La metodología del terror implementada cómo Seguridad Pública en Yucatán para control social? (Primera parte)
La militarización del país es un tema sin duda preocupante en todos los ámbitos de la sociedad mexicana derivado de los antecedentes de los atroces crímenes impunes dónde se han visto inmersas instituciones militares. Sin embargo ante está posible militarización del país ¿Que pudiera ser peor para la ciudadanía Yucateca? En el ficticio estado más seguro se aplica terrorismo institucionalizado implementado cómo Seguridad Pública dirigido por presuntos narco-comandantes de la Secretaria de Seguridad Pública SSP que cometen atropellos mounstrosos contra la ciudadanía, usando su investidura policíaca para robar, asaltar, torturar, golpear, asesinar, criminalizar e incriminar ciudadanos teniendo como cómplices a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y poder judicial.
Mérida, Yucatán, México a miércoles 14/09/22.- Los casos “Radilla Pacheco” y “Ayotzinapa” son dos de los casos con los cuales las instituciones militares ensuciaron su honorabilidad y demostraron que son maquinarias especialistas de muerte.
Cómo se recordará El 25 de agosto de 1974, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el Ex. Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente Municipal. Cuarenta y dos años después, su paradero sigue siendo desconocido.
El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre de 2009 la Corte IDH emitió la Sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los Derechos Humanos. Actualmente los peticionarios del caso se encuentran en el período de cumplimiento de la Sentencia referida.
El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido el primer caso significativo en el que la Corte IDH condena al Estado mexicano, como por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país.
En cuanto al caso Ayotzinapa los entes de todos los niveles de gobierno continúan obstaculizando llegar a la verdad histórica y la justicia para los familiares de las víctimas de lo ocurrido, en la que actuales funcionarios públicos impunes fueron parte del acontecimiento criminal entre ellos elementos del ejército, que el gobierno de la 4T Andrés Manuel López Obrador pretende convertir en policías (seguridad pública) de todo México.
Contrastante con el temor a la militarización de la seguridad pública del país en Yucatán los gobiernos del PRI y del PAN han creado un “mito fantasioso” que se contrapone a la realidad de la seguridad pública de la entidad, ya que si bien existe bajo nivel delictivo, es producto de la idiosincrasia del Yucateco que tiende a ser pacífico, sin embargo siempre el gobierno en turno asegura que es debido al buen desempeño de las fuerzas policíacas de su Secretaria de Seguridad Pública y la correcta aplicación de los dineros públicos en programas de seguridad si fuera como asegura el gobierno estatal los presuntos narco-comandantes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) Carlos Eduardo Flores Moo y Juan Gabriel Ramírez Jiménez estarían siendo investigados.
Según datos oficiales del gobierno del estado de Yucatán para el año 2022 se destinó $ 3, 072, 439, 618. 00 (Tres mil setenta y dos millones ciento treinta y nueve mil seiscientos dieciocho pesos) para la Secretaría de Seguridad Pública, de los cuáles el secretario Luis Felipe Saidén Ojeda gana $111, 156. 00 quincenales, un monto proveniente del pago de los impuestos de los Yucatecos para sostener un mini ejército represor presunto protector de grupos criminales, violentador de derechos humanos
Así lo exhibió el año 2021 la Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Yucatán (CODHEY) quien informó a La Noticia Ciudadana que Corporaciones Policiacas de Yucatán tuvieron 377 quejas ante CODHEY del 16 de marzo del 2020 al 30 de junio del 2021
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En Yucatán ser detenido en un retén de la policía estatal implica estar en riesgo de perder la vida a manos de uniformados, el argumento de la detención en dichos “puestos de control” cómo le llaman en la SSP a los retenes, siempre comienza con una supuesta revisión de rutina, que puede ser por vidrios polarizados, alcoholemia y placas vencidas o lo que se le vaya ocurriendo en su improvisación a los agente policíacos quienes ante el reclamo de la ciudadanía a su mal proceder violatorio a protocolos de actuación Derechos Humanos y garantías individuales buscan llevarse en todo momento los vehículos ya que obtendrán cuota por vehículo que detengan además de inculpar injustamente a los conductores que pasan de una simple falta administrativa a ser inculpados de delitos graves como narcomenudeo según testimonio de agentes policíacos por consigna de sus superiores.
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Los ciudadanos víctimas de abusos policíacos usualmente acuden a denunciar los hechos, en la Fiscalía General del Estado de Yucatán para la Investigación solicitan los vídeos de las cámaras de seguridad del C5i de la SSP, vídeos nunca entrega la corporación pretextando que se encontraban en reparación o mantenimiento en el momento de los hechos, donde ciudadanos sufrieron de abusos y violaciones a sus derechos humanos a manos de policías.
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Cómo testimonio de lo dicho existen varias muertes de detenidos estando bajo la custodia de elementos policíacos entre las que se pueden mencionar la de Salvador Osmar . L.M la única que fue investigada y derivó en la sentencia de cuatro policías estatales del grupo Dorados que lo detuvieron en la carretera a Chicxulub en el año 2020, resultado de que el padre del finado es un ex agente de “UMIPOL SSP”
Con José Eduardo Ravello (el güero) muerto el año 2021 de manera aún no esclarecida habiendo sido detenido por policías municipales de Mérida, el proceso fue manoseado por la Fiscalía del Estado ensuciando la investigación dejando impune una detención que derivó en un crímen
En cuanto al caso Avelino Sulub Cime se sigue comentando que el autor intelectual de su muerte presuntamente es Carlos Eduardo Flores Moo alias la flor mayor. Subsecretario de la Policía Estatal de Investigación (PEI).
A la fecha son varías las muertes de ciudadanos después de haber sido detenidos por policías Estatales y de las Policías municipales Coordinadas mismas que siguen impunes y sin investigarse estás son algunas de ellas:
José Eduardo Ravello. Mérida, 2021
Gaspar Avelino Sulub Cimé. Progreso, 2020
Vladimir Ravell González, Kanasín 2020.
José Alfredo Chan Navarrete. Tzucacab 2018.
Genaro Várgas Ruelas. Oxkutzcab, 2019.
William Roberto Chan Cob. Temax, 2016
Roberth Tzab Ek, 2010.
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En el municipio de Valladolid el mes pasado elementos de la policía municipal coordinada le cortado una mano a Manuel Custodio Ramírez, de 38 años, quien denunció a sus agresores tema que han callado las autoridades yucatecas cómo en cada caso que hay policías o fiscales involucrados en delitos contra ciudadanos.
Cabe destacar que el mito fantasioso de la seguridad de Yucatán es casi un eslogan de venta para promover desarrollos inmobiliarios en otras entidades federativas algo creado desde las entrañas de las mafias agrario inmobiliarias desde donde lavan dinero grupos criminales ligados al gobierno panista de Yucatán surgido de “El Yunque” cofradía fanática religiosa de ultra derecha.
Después de observar el amplio historial represivo casi terrorista de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán que dirige Luis Felipe Saidén Ojeda solapador de impunes criminales como los presuntos narco comandantes Carlos Eduardo Flores Moo y Juan Gabriel Ramírez Jiménez, ¿ Se podrá esperar algo mejor de las fuerzas federales? ¿o solo serán los nuevos administradores de la criminalidad en Yucatán?
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Por: La Noticia Ciudadana
