LOS CABALLOS DE TROYA DEL DESPOJO TERRITORIAL DE LOS MAYAS YUCATECOS

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LOS CABALLOS DE TROYA DEL DESPOJO TERRITORIAL DE LOS MAYAS YUCATECOS

Con el despojo del territorio viene el despojo cultural y de identidad
de Yucatán

 

 

Mérida, Yucatán a 16/11/2026.
El despojo territorial de los pueblos mayas de la Península de Yucatán no viene con espada. Viene en distintos caballos de Troya. Viene con papel, con contrato, con concesión y con promesa de progreso.

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

(1) OBRAS PÚBLICAS FEDERALES

A) Tren Maya, operado por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y Tren Maya, S.A. de C.V.
Tramos 3 (Calkiní – Izamal) y 4 (Izamal – Cancún) atraviesan Yucatán. Expropia por causa de utilidad pública ejidos enteros. Hay decretos donde se expropia tierra de Kanasín y de Libre Unión, Yaxcabá, para el Tramo 3 y 4.

Con el Tren llegaron las obras complementarias: estaciones, paraderos, Centro de Atención a Visitantes (CATVI) en Chichén Itzá, que desplazó a cientos de familias mayas de Pisté que trabajaban ahí desde hace décadas, sin consulta previa.

A eso se suman parques industriales, carreteras, libramientos y parques logísticos que se construyen alrededor y que suben el precio de la tierra de un día para otro.

B) AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE PROGRESO – PUERTO DE ALTURA

Es el muelle fiscal de Progreso, el que presume ser el muelle más largo del mundo, con más de 8 kilómetros. Ahora lo están ampliando para hacerlo puerto de altura de clase mundial.

¿Quién lo hace? Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Progreso, Secretaría de Marina (SEMAR), Gobierno del Estado de Yucatán a través del INCCOPY, y empresas privadas.

¿Qué empresas están ejecutando?
Fase 1: Gobierno del Estado, 1,630 millones de pesos. Dragado del canal de navegación.
Fase 2: SSA Marine México, inversión privada de 948 millones de pesos. Dragado de la zona de cruceros.
Fase 3: Gobierno Federal, a cargo de la Secretaría de Marina, 1,800 millones de pesos anunciados. Empresa belga Jan De Nul, con su draga “Fernando de Magallanes”, que está sacando el material del fondo marino. Mexicana de Dragados S.A. de C.V. también contratada para dragado.

¿Qué están haciendo? El proyecto integral es de 12,225 a 12,500 millones de pesos, la mayor inversión en la historia del Puerto de Progreso.

Pretenden pasar el puerto de 34 hectáreas a 114 hectáreas, con dos plataformas nuevas de 40 hectáreas cada una, 4,500 metros de muelles nuevos, 16 posiciones de atraque, dos dársenas de ciaboga de 600 metros, y ampliar el canal de navegación de 150 a 180 metros de ancho y a -13.3 metros de profundidad.

Solo en la tercera etapa, la draga Fernando de Magallanes va a retirar más de 3 millones 076 mil 370 metros cúbicos de material del fondo marino para construir la Plataforma Norte de 40 hectáreas. Y en total, hablan de dragar y rellenar 80 hectáreas de fondo marino.

Además, se conecta con el Tren Maya de carga, con un ramal de 56 kilómetros Progreso – Umán, con inversión de 25 mil millones de pesos, y con el proyecto de astillero de Fincantieri, empresa italiana, para reparar cruceros y buques grandes.

¿Cuál es el despojo en Progreso?

1). Erosión de las playas. Desde que empezó a trabajar la draga Fernando de Magallanes, el mar ha avanzado metros tierra adentro en el Malecón Tradicional de Progreso. Donde antes había más de 10 metros de arena, hoy las olas golpean directo las casas. Las palmeras se caen porque les quitan la raíz. Los comerciantes de palapas, los pescadores y los que venden artesanías están perdiendo su trabajo. Lo mismo en Chicxulub y Chelem.

2). Destrucción del fondo marino y de la pesca. El dragado destruye el hábitat del pulpo, mero, langosta y caracol. Los pescadores de Progreso, Chicxulub y Chelem denuncian que ya no hay pesca. Entre el 18 y el 20 de octubre de 2026 aparecieron 3 delfines muertos frente a Progreso. Los pescadores dicen que es por la contaminación del dragado, el sedimento y el ruido submarino. La autoridad todavía no informa la causa oficial.

3). Pérdida de manglar y duna costera. Para hacer las plataformas y las obras, se ha perdido manglar y vegetación de duna costera, que son la barrera natural contra huracanes, tormentas e inundaciones. Sin manglar, Progreso queda desprotegido.

4). Sin consulta y sin transparencia. Los habitantes de Progreso, Chicxulub y Chelem no fueron consultados. No conocen los estudios de impacto ambiental completos. La ASIPONA Progreso no ha publicado el fallo de la licitación de la tercera etapa, de 1,800 millones de pesos. Se hizo un primer concurso en julio de 2026 y se declaró desierto. Hasta hoy no hay fallo público.

Por eso, los pobladores mantienen el amparo 1919/2025 para intentar frenar las obras, al considerar que provocan daños ambientales irreversibles y violan derechos humanos.

5). Gentrificación en Progreso. Con el puerto grande, llega el crucero grande, llega el hotel grande, llega la inmobiliaria grande. Sube la renta, sube la comida, sube el predial. El pescador que vivía frente al mar ya no puede vivir frente al mar. El puerto se vuelve para el comercio internacional, no para el pescador maya.

(2). MEGA GRANJAS PORCÍCOLAS Y AVÍCOLAS

No es una granja. Son complejos agroindustriales con miles de cerdos.

Kekén, de Grupo Porcícola Mexicano, parte de Grupo KUO. Controla más del 80% de la producción porcícola de Yucatán. Tiene complejos Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerca de Kinchil y Celestún, denunciados por verter aguas sin tratar en 160 hectáreas de selva.

GARY 5 y 6, en Chocholá. MOBA, en San Fernando, Maxcanú. Pecuaria Peninsular, en Santa María Chí. Esta última fue clausurada de forma total definitiva el 4 de septiembre de 2025, con multa de 18.6 millones de pesos por daño ambiental. Bachoco, instalación avícola en Hunucmá.

¿Qué hacen? Producen carne para consumo nacional y exportación. Dejan excretas que se filtran al suelo kárstico, que es poroso como esponja. Greenpeace documentó en 2020 que en Yucatán había 257 granjas porcícolas, de las cuales más del 90% operaban sin Manifestación de Impacto Ambiental. En agosto de 2026, en 17 pozos y cenotes de Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz se encontraron nitratos, fósforo y bacterias fecales porcinas por encima de lo que marca la OMS.

El pueblo se queda con el olor, el agua sucia y unos cuantos empleos de salario mínimo.

(3). INMOBILIARIAS

No es una inmobiliaria. Son tres tipos:

A) Loteadoras de lotes de inversión. Venden terrenos sin calles, sin agua, sin luz, sin título, que todavía son ejidales, con la promesa de que en un futuro se van a regularizar. Los venden por redes sociales, con nombres en maya, a personas de fuera. Se venden hasta en 240 dólares el metro cuadrado a extranjeros en Estados Unidos. Yucatán ha sido llamado la capital de la especulación inmobiliaria en México.

B) Desarrolladoras de fraccionamientos y condominios. En Mérida norte (Temozón Norte, Montes de Amé), en la costa (Progreso, Chelem, Chuburná, Telchac, Sisal) y en la periferia (Kanasín, Umán, Conkal).

En Chelem se documentó que 1,295 hectáreas del ejido se convirtieron en 8,146 solares, y el 76% quedó concentrado en solo 4 personas, vinculadas a una red de más de 20 empresas inmobiliarias. El valor estimado supera los 2,500 millones de pesos.

C) Inmobiliarias bilingües para extranjeros. Agencias que venden casas y terrenos específicamente a estadounidenses y canadienses retirados, usando fideicomiso bancario para comprar en zona restringida.

Compran a 4 pesos el metro cuadrado de tierra ejidal y la venden en 10 mil dólares.

(4). MINERAS – BANCOS DE MATERIAL PÉTREO, LAS SASCABERAS

No es minería de oro. Es minería de piedra. Extraen caliza, sascab, grava, cal y cemento con dinamita.

Vulcan Materials Company, a través de su filial Calica / Sac-Tun, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Durante 3 décadas dinamitó más de 2 mil hectáreas de selva maya para mandar grava a Estados Unidos. Fue clausurada y declarada Área Natural Protegida en 2024.

Caminos y Puentes del Sureste (Cypssa), en Yaxcopoil, Umán. Quería abrir banco a 800 metros de la comunidad y a 2 km de la zona arqueológica.

Productos de Roca Peninsulares S.A. de C.V., en Baca. Opera desde 2024 con detonaciones que fracturan casas y amenazan el acuífero a solo 7 metros de profundidad.

Banco Zamudio, Mapsa, Ku, Procon, Mool, en Umán, Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc.

Entre 2018 y 2025 se autorizaron más de 60 concesiones para bancos de material solo en comunidades mayas colindantes al Tren Maya. Eliminan toda la vegetación y el sustrato rocoso hasta casi llegar al nivel freático, lo que permite que los contaminantes entren directo al acuífero.

5. EMPRESAS TURÍSTICAS Y DE SERVICIOS

Hoteles boutique, resorts, clubes de playa, operadores de tours, Airbnb.

En Sisal se documentan por lo menos 20 inmobiliarias que han depredado la costa para construir clubes de playa, resorts, condominios de lujo y hoteles boutique.

Compran la playa, ponen barda, cobran la entrada, contratan un chamán falso, venden una ceremonia falsa y venden la artesanía que no hizo un maya. El maya queda afuera, vendiendo en la calle.

II. LAS CONSECUENCIAS

1). Desplazamiento de la identidad.

Traen gente de otros lados de México y de otros países que desplaza la identidad de la cultura maya. Llegan 500, 1,000, 2,000 personas de fuera a un pueblo de 1,500 mayas. Ya no se habla maya en la tienda, ni en la escuela, ni en la asamblea. El niño maya siente pena de hablar maya porque los niños de fuera se ríen. La muchacha maya ya no quiere vestir el huipil porque le dicen que eso es de vieja. El joven maya ya no quiere sembrar milpa porque ve que el de fuera gana más vendiendo tours.

2). Cultura falsa para el turista.

Los empresarios de otros estados del país y del extranjero inventan su versión distorsionada de la cultura maya para vender una mentira a los turistas. Ponen un temazcal que no es temazcal. Ponen una ceremonia que no es ceremonia. Ponen un chamán que no es chamán. El turista paga 2,000 o 3,000 pesos por esa ceremonia falsa. El maya de verdad, el que sí sabe la ceremonia, se queda afuera sin que nadie le compre.

Y lo peor: el maya empieza a creer la mentira y empieza a hacer la mentira también, porque esa es la que paga.

3). Encarecimiento de la vida.

Encarecen la vida de los habitantes de Yucatán. Antes rentar una casa costaba 1,500 pesos. Ahora cuesta 5,000, 8,000, 10,000, porque el extranjero paga 10,000 sin problema. Para él son 500 dólares. Para el maya es todo su sueldo.

En el mercado, el restaurante y el hotel compran todo al doble. El maya ya no puede comprar su propia comida en su propio pueblo.

El predial sube porque la zona ya vale más. El maya que vive en la misma casa de hace 30 años ahora tiene que pagar predial como si fuera rico. Vende porque no puede pagar. Y el que compra es el extranjero.

El precio sube, pero el sueldo del maya no sube.

4). Gentrificación.

La gentrificación es cuando llega gente con más dinero a un barrio, a un pueblo, a una costa, y poco a poco va desplazando a la gente que siempre vivió ahí, porque la vida se vuelve tan cara que el de siempre ya no puede pagarla.

En Mérida, el centro histórico se llenó de casas boutique y Airbnb en dólares. El vecino maya que rentaba por 3,000 pesos ahora le suben la renta a 15,000. Se va a Kanasín, a Umán, a la periferia. El centro se queda bonito, con cafés caros y letreros en inglés, pero ya no hay mayas en el centro de Mérida.

En la costa, Progreso, Chelem, Sisal, Celestún, el pescador que tenía su casa frente al mar la vende porque le ofrecen 2 millones. Al año ya se gastó el dinero. La inmobiliaria divide esa casa en 10 lotes y los vende en 2 millones cada uno. El pescador se va atrás, donde no hay agua ni drenaje. La playa se llena de clubes de playa donde el maya no puede entrar si no es a trabajar de mesero.

En los pueblos, Teya, Ucú, Kinchil, Motul, Izamal, Valladolid, Maní, etc, el precio de la tierra sube de 4 pesos el metro a 400 pesos el metro. El ejidatario vende por necesidad. Llega el de fuera, pone su Airbnb. El joven maya ya no puede comprar un terreno en su propio pueblo para hacer su casa.

La gentrificación no es progreso. Es despojo con otro nombre. No te corren con pistola, te corren con el precio.

5). Despojo cultural y de identidad.

Con el despojo del territorio viene el despojo cultural y de identidad. Si te quitan la tierra, te quitan la milpa. Si te quitan la milpa, te quitan la lengua. Si te quitan la lengua, te quitan la fiesta. Y un pueblo que ya no sabe quién es, ya no defiende su tierra.

El maya no es maya porque lo dice un papel. Es maya porque siembra, porque cosecha, porque come de su tierra. En el monte el abuelo le enseñaba al nieto qué planta cura, qué cenote se respeta. Si ya no puedes entrar al monte porque ya es de la minera, de la granja, del hotel, ¿dónde le enseñas a tu hijo?

III. EL FUNDAMENTO LEGAL: POR QUÉ ESTO ES ILEGAL

Esto no es opinión. Está prohibido en la Constitución y en los tratados que México firmó.

(1). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1°. Todas las personas gozan de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Artículo 2°. La Nación es pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para: conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras; acceder al uso y disfrute de sus recursos; preservar su cultura, su lengua y su identidad. El Estado debe consultarles antes de adoptar medidas que les afecten.

Artículo 27, fracción VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La tierra de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable.

Artículo 4°. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la vivienda digna.

(2). CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES

Ratificado por México en 1990. Es vinculante, es obligatorio.

Artículo 6 y 7. El gobierno debe consultar a los pueblos interesados, mediante sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y con el objetivo de lograr el consentimiento.

Artículo 13, 14 y 15. Los pueblos tienen derecho a la tierra que tradicionalmente ocupan, a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales, y a ser consultados antes de autorizar cualquier prospección o explotación de recursos en sus tierras.

Artículo 16. No se debe trasladar a los pueblos de sus tierras sin su consentimiento libre e informado.

(3). DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (2007)

Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículos 25, 26 y 29. Derecho a mantener su relación espiritual con sus tierras, a poseer y controlar sus tierras y recursos, y a la conservación y protección del medio ambiente de sus territorios.

(4). PACTOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Derecho a la libre determinación, a disponer de sus riquezas y recursos naturales, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, al agua y a la alimentación. Nadie puede ser privado de sus medios de subsistencia.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 27: derecho de las minorías a disfrutar de su propia cultura, profesar su religión y emplear su propio idioma.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Artículo 21: derecho a la propiedad, incluyendo la propiedad comunal indígena, como lo ha confirmado la Corte Interamericana.

(5). ACUERDO DE ESCAZÚ

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

México lo firmó el 27 de septiembre de 2018, el Senado lo ratificó el 5 de noviembre de 2020, y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Es el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

Artículo 5 – Acceso a la información ambiental: El pueblo tiene derecho a saber qué proyecto viene, qué contamina, qué agua usa, qué estudio de impacto tiene.

Artículo 7 – Participación pública: El pueblo tiene derecho a participar en las decisiones ambientales antes de que se autoricen. No después. No con una firma arrancada.

Artículo 8 – Acceso a la justicia: El pueblo tiene derecho a ir a un juez a exigir que se pare un proyecto que contamina o que no fue consultado.

Artículo 9 – Personas defensoras: El Estado debe garantizar un entorno seguro para quienes defienden la tierra, el agua y el territorio, y protegerlos contra amenazas y ataques.

(6). LEYES SECUNDARIAS QUE TAMBIÉN SE VIOLAN

Ley Agraria, Art. 74 y 99: Las tierras de uso común no se venden y la asamblea es la máxima autoridad. Nadie puede decidir por el ejido.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): Obliga a Manifestación de Impacto Ambiental antes de cualquier obra, granja o mina. Sin MIA no hay permiso legal.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: El maya tiene el mismo valor que el español. El Estado debe garantizar su uso en escuelas, oficinas y consultas.

IV. LA OMISIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO

No es que no haya leyes. Hay leyes de sobra. Lo que hay es omisión. Omisión es cuando el que tiene que hacer su trabajo, no lo hace. Y esa omisión es la que permite el despojo.

(1). GOBIERNO FEDERAL

Quién es: Presidencia, SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, FONATUR Tren Maya, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Marina, ASIPONA Progreso.

¿Qué debería hacer? Consultar antes de autorizar, según el Artículo 2° y el Convenio 169. Exigir Manifestación de Impacto Ambiental, según la LGEEPA. Dar información ambiental y garantizar participación, según Escazú.

¿Qué hace? Omite. Autoriza Manifestaciones de Impacto Ambiental sin visitar el territorio. Autoriza bancos de material sin consultar a la comunidad. Autoriza mega granjas sin verificar si contaminan el cenote. Autoriza la ampliación del muelle de Progreso sin frenar la erosión. Cuando la comunidad denuncia, la PROFEPA no llega. O llega tarde. CONAGUA no verifica cuánta agua saca la granja, la minera o el hotel.

En el caso del Tren Maya, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sentenció en 2023 que el Estado mexicano violó los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de los pueblos mayas, y ordenó suspender la obra. El gobierno no la suspendió. La siguió.

(2). GOBIERNO ESTATAL

Quién es: Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem).

¿Qué debería hacer? Vigilar que ninguna granja, ninguna sascabera, ninguna inmobiliaria opere sin permiso estatal y sin cumplir la Norma Técnica Ambiental.

¿Qué hace? Omite. No tiene suficientes inspectores para más de 500 granjas porcícolas. Permite que operen granjas sin sistema de tratamiento de aguas residuales. Permite que operen sascaberas con explosiones a 800 metros de una comunidad. No detiene la venta de lotes de inversión sin servicios, aunque sabe que son fraude. Impulsa la ampliación del muelle de Progreso como “Renacimiento Maya”, pero no protege al pescador ni al comerciante del malecón que pierde su playa por la erosión.

(3). GOBIERNO MUNICIPAL

Quién es: Los Ayuntamientos de los 106 municipios del Estado de Yucatán.

¿Qué debería hacer? Otorgar el uso de suelo y la licencia de construcción. Sin uso de suelo, no hay obra. Garantizar participación pública, según Escazú.

¿Qué hace? Omite. Cambia el uso de suelo de ejidal a urbano sin consultar a la asamblea. Autoriza fraccionamientos en zona de manglar, en zona de cenote, en zona de recarga del acuífero. Autoriza bancos de material en su propio municipio sin informar a la comunidad. No exige que la inmobiliaria tenga agua, drenaje y calle antes de vender. Da permisos para la obra del puerto sin exigir que se repare el daño a la playa.

(4). PODER EJECUTIVO

Presidente, Gobernador, Presidente Municipal. Tiene la obligación constitucional del Artículo 1° de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No lo hace. Promueve el Tren Maya, promueve la ampliación del muelle de Progreso, promueve las granjas, promueve las inmobiliarias, pero no promueve la consulta.

(5). PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados, Senado, Congreso del Estado de Yucatán. Tiene la obligación de hacer leyes que protejan. No ha hecho una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, aunque el Convenio 169 la exige desde 1991. Llevan 35 años sin hacerla. La Suprema Corte ya dijo en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018 que la consulta debe estar regulada por ley y no puede omitirse. Y el Congreso sigue sin hacerla.

Tampoco ha reformado la Ley Federal sobre Monumentos de 1972, que no menciona ni una sola vez la palabra indígena, pueblo, comunidad, consulta ni ejido. Esa ley es la que permite que el INAH imponga el CATVI en Chichén Itzá sin consultar a Pisté. Tampoco ha hecho una ley estatal que prohíba la venta de lotes de inversión sin servicios, ni una ley que prohíba las sascaberas cerca de comunidades y cenotes.

No hacer la ley que tienes obligación de hacer, también es despojo.

(6). PODER JUDICIAL

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Agrarios, Juzgados de Distrito, Fiscalía. Tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución, los tratados y Escazú.

Cuando la comunidad interpone un amparo contra una granja, contra una mina, contra una inmobiliaria, contra la ampliación del muelle, el amparo tarda meses, años. Mientras tanto, la empresa sigue trabajando, sigue contaminando, sigue construyendo. El amparo 1919/2025 de Progreso lleva más de un año sin frenar la obra, mientras la draga sigue sacando 3 millones de metros cúbicos de fondo marino.

Cuando la comunidad gana el amparo, la autoridad no cumple la sentencia. La Fiscalía no investiga a las empresas que contaminan el cenote, aunque contaminar el acuífero es delito ambiental.

Y lo más grave: cuando el defensor del territorio denuncia, el que termina criminalizado es el defensor, no la empresa. Y el Estado, que según el Artículo 9 de Escazú debe proteger a las personas defensoras del ambiente, no lo protege. Lo deja solo.

Cuando entran sin consulta previa, libre e informada, violan el Artículo 2° constitucional y el Convenio 169.

Cuando contaminan el cenote, secan el pozo, rompen el monte, erosionan la playa de Progreso o dragan el fondo marino sin estudio ambiental completo, violan la LGEEPA, el Artículo 4° constitucional y el Acuerdo de Escazú.

Cuando traen gente de fuera, encarecen la vida, gentrifican y desplazan la lengua maya, violan el derecho a la cultura, a la identidad y a la vivienda del PIDESC y de la Declaración de la ONU.

Cuando inventan una cultura maya falsa para venderla al turista, violan el derecho a la libre determinación cultural.

No es que no haya Constitución. Sí hay. No es que no haya tratados. Sí hay. No es que no haya Acuerdo de Escazú. Sí hay.

Lo que hay es omisión de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo omite consultar y vigilar. El Legislativo omite hacer la Ley de Consulta. El Judicial omite hacer cumplir la sentencia a tiempo.

Y esa omisión no es inocente. Esa omisión es la que permite que el Tren Maya, la ampliación del muelle de Progreso, la mega granja, la inmobiliaria, la sascabera y el hotel boutique entren, despojen, contaminen, encarezcan, gentrificen y desplacen.

Con el despojo del territorio viene el despojo cultural y de identidad. Y con la defensa del territorio viene la defensa de la cultura y de la identidad de las comunidades mayas y todo el estado de Yucatán

  • POR: Felix Bigman/ La Noticia Ciudadana
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