Morena deja en Kanasín devastación ecológica en más de cien hectáreas de tierras robadas.
(Segunda parte)
¿Huacho Díaz Mena abraza los viejos fantasmas de la corrupción de los carteles agrarios inmobiliarios para dar continuidad al robo de tierras ejidales de Kanasín?
Kanasín, Yucatán, México a 23/04/2026-. Las tierras robadas a los ejidatarios de Kanasín donde se construye La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) campus Kanasín, son aquellas tierras despojadas por medio de la asamblea ficticia del 26 de diciembre del año 2010 de la que deriva la asamblea de impugnación realizada el día nueve de noviembre del año 2014 en su segunda convocatoria que llevo a la demanda de juicio agrario expediente TUA 34-1919/2014 promovidos por el entonces comisario ejidal Benito Canul, por presiones de un grupo de ejidatarios encabezados por Catalino Cauich Chan, debido a las anomalías que el anterior comisario ejidal Marcelino Uicab Uicab quien se prestó a la corrupción del Priísmo que gobernaba Yucatán y del grupo Tabasco compuesto por el ex secretario de finanzas del gobierno tabasqueño Andrés Granier Melo, en los que figuran dentro de la documentación tanto de las actas de asambleas ficticias como en la asamblea de impugnación del nueve de noviembre del año 2024 y en la demanda puesta en el Tribunal Unitario Agrario #34, empresarios identificados como parte del cartel agrario inmobiliario de Yucatán, entre esos nombre figura el de Hernán Cárdenas Cámara, ligado al actual gobernador morenista Joaquín Díaz Mena y presunto patrocinador de la campaña política del hoy gobernador.
En el proceso judicial agrario expediente TUA 34-1919/2014 el magistrado Doctor en derecho Rubén Gallardo Zuñiga otorgó la suspensión provisional para garantizar los derechos agrarios, y humanos existentes en la constitución mexicana y tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo el despojo ha continuado sistemáticamente por las distintas empresas creadas por los empresarios de las mafias agrario inmobiliaria de Yucatán que siguen usando el territorio de los ejidatarios mayas de Kanasín para hacer dinero que luego usan para patrocinar campañas políticas recibiendo favores políticos posteriores para salir impunes ante estos robos de tierras y actos criminales que van más allá de la imaginación del pueblo yucateco.
En este mismo orden de ideas cabe recordar que el proceso del juicio agrario TUA 34-1919/2014 que estaba en manos del magistrado Doctor en derecho Rubén Gallardo Zuñiga, extrañamente retrasó el proceso y, ocultó información en perjuicio de los ejidatarios de Kanasín y se prestó a las corruptelas de este cartel de la mafia agraria inmobiliaria según afirman los afectados.
Eso permitió que otros grupos con información privilegiada continuarán el despojo a la vista de todo Yucatán entre estos, varios servidores públicos, como Carlos Manuel Moreno Magaña ex presidente municipal de Kanasín que años atrás en su gestión de gobierno vendía lotes de inversión para una empresa inmobiliaria llamada Grupo Èdora justamente esos famosos “lotes de inversión” son los que ocupan las afectaciones dónde el gobierno morenista está construyendo la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la relación amplia entre Joaquín Díaz Mena y Carlos Manuel Moreno Magaña ocupa un lugar muy particular que no hay que perder de vista ambos son objeto de investigación de la Fiscalía General de la República según la carpeta de investigación FED/FEMCC-FEMCC-YUC/0000434/2023 aperturada por su presunta participación en el desvío de recursos públicos federales de los programas sociales Bien Pesca y el Programa Emergente de Vivienda (PEV) con el cual se debía indemnizar a los ejidatarios de Kanasín por los terrenos donde hoy pasan las vías del tren Maya, sin embargo el dinero de más de trescientos beneficiarios fue entregado a los allegados de Carlos Moreno Magaña en una triangulación de dinero público que presuntamente fue a parar a una cuanta bancaria de un prestanombres para que posteriormente ese dinero terminara en manos de Joaquín Díaz Mena.
De las formas de como se hizo el gobierno morenista de las tierras que ocupan en este artículo nuestra atención, no hay claridad ya que desde el comienzo del despojo ejidal han sido varios grupos políticos empresariales los que se adjudican esas tierras robadas justificando su legalidad con documentos apócrifos.
En lo que si hay total claridad es que este gobierno que se dice del Renacimiento Maya se pasa por el arco del triunfo la contitución, la ley agraria y todos los tratados internacionales de derechos humanos.
Para muestra un botón, el acuerdo de Escazú contiene elementos fundamentales que no fueron tomados en cuenta respecto a las afectaciones del territorio medio ambiente, y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el efecto de la devastación de más de cien hectáreas en este proyecto gubernamental puede tener consecuencias ambientales de gran magnitud.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado en 2018 que entro en vigor desde el año 2021
El Acuerdo de Escazú promueve la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso en asuntos ambientales: acceso a la información, participación ciudadana en la toma de decisiones y justicia ambiental. Además, busca proteger a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y fomentar el desarrollo sostenible.
Puntos clave que promueve el acuerdo:
Acceso a la información: Transparencia y rendición de cuentas en temas ambientales.
Participación pública: Involucramiento ciudadano en decisiones que impactan el entorno.
Acceso a la justicia: Herramientas para defender el medio ambiente legalmente.
Protección de Defensores: Garantiza un entorno seguro para personas y organizaciones que defienden el medio ambiente.
Derecho a un medio ambiente sano: Reconoce este derecho humano fundamental.
Democracia Ambiental: Fortalece la gestión de riesgos climáticos y la sostenibilidad.
El tratado es un instrumento regional histórico para mejorar la gobernanza ambiental y fortalecer la democracia participativa.
En este mismo orden de ideas el Acuerdo de Escazú protege a los pueblos indígenas garantizando su derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, con un enfoque interseccional especial en comunidades vulnerables. Obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales indígenas, reconocer sus conocimientos tradicionales y garantizar el acceso a la justicia.
Mecanismos clave de protección:
Participación en decisiones: Asegura que los pueblos indígenas participen activa y oportunamente en las decisiones que afectan sus territorios y medio ambiente.
Protección de defensores: Obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y protegido para defensores ambientales, previniendo, investigando y sancionando ataques y amenazas, reconociendo el alto riesgo que enfrentan.
Acceso a la información: Exige que la información ambiental sea brindada en formatos adecuados y comprensibles, respetando la diversidad cultural.
Justicia ambiental: Facilita el acceso a mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos territoriales y ambientales.
Enfoque interseccional: Reconoce la situación especial de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, asegurando un trato equitativo.
Fuentes: Ejidatarios de Kanasín, El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y culturales (proDESC), (INPI) Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas
Continuará…
POR: LA NOTICIA CIUDADANA
